La erradicación del poblado chabolista de Penamoa ha vuelto a ocasionar otro encontronazo entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta después de que los representantes del Gobierno gallego decidiesen abandonar la comisión que supervisa el plan, justo antes de celebrar su última reunión.
Hoy, esa decisión ha sido recibida con duros calificativos de la concejala de Servicios Sociales, la socialista Silvia Longueira, que seguramente se ha excedido con sus declaraciones. Pero la decisión de la Xunta no tiene justificación. Recuerda más al niño que se va con su pelota porque va perdiendo el partido que a una Administración responsable que participa en un proceso tan sensible como éste que debería estar al margen de cualquier confrontación partidista. Los representantes de la Xunta tienen derecho a discrepar, pueden hacerlo en el seno de la comisión, pueden hacerlo ante instancias superiores, pueden hacerlo públicamente si así lo desean. Pero levantarse de la mesa, abandonar sus responsabilidades y huir con argumentos vagos dinamita la lealtad institucional que después exigen a los ayuntamientos de otro color político.
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