Pasara lo que pasara con el número de alegaciones presentadas al Plan General, el Gobierno local de A Coruña tenía argumento para convertir el dato en positivo.
Si había muchas alegaciones, sería un ejemplo de transparencia municipal y participación ciudadana. Si había pocas, sería un aval al documento urbanístico, a la hoja de ruta que diseña la ciudad del futuro. Al final han sido casi 27.000, la mayor parte de ellas relacionada con el fuera de ordenación, asunto que el Ayuntamiento pretende zanjar con una nueva redacción y corrección de planos para hacer real esa promesa repetida hasta la saciedad: ningún edificio quedará fuera de ordenación por razón de altura o volumen. La clave puede estar, por tanto, en el resto de alegaciones, a las que apenas se les ha prestado atención. Pueden ser temas menores, pero también pueden contener argumentos que si fuesen aceptados obligarían a abrir un nuevo plazo de exposición pública. Hoy, la concejala de Urbanismo no lo ha descartado. Los plazos empiezan a cobrar importancia. El Gobierno local se juega presentarse a las elecciones municipales con los deberes hechos y con un proyecto claro de ciudad para la nueva década. Casi nada.
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