No les oculto que por momentos nos vemos sumidos por el hartazgo cuando repetimos, casi como una letanía, eso del futuro de las cajas de ahorro de Galicia, pero la trascendencia económica y política de la decisión que se adopte obliga un día sí y otro también a recoger el último capítulo de esta novela por entregas.
Hoy, el presidente Feijóo se ha reunido con el ministro Blanco, oficialmente para analizar el avance de las obras de eso que han llamado AVE. En la agenda se les ha colado, y no ha sido por casualidad, el futuro de Caixa Galicia y Caixanova. En si mismo, este dato arroja dos evidencias: la primera, la ya apuntada trascendencia del asunto en cuestión; y la segunda, no menos importante, la autoridad que sobre el socialismo gallego ejerce sin disimulos José Blanco, convertido en una especie de ministro para Galicia. El presidente Feijóo ofrece diálogo para salvar la Lei de Caixas. Y Blanco replica que tan sólo han encargado un informe al Consejo de Estado para que determine si esta norma entra en el marco constitucional. Parece claro que la rapidez que el PP y el BNG se dieron para aprobar la Lei en el Parlamento de Galicia es la misma lentitud con la que el Gobierno está afrontando la decisión de llevarla o no al Tribunal Constitucional. Los tiempos son una clave en esta partida en la que la Xunta aún tiene una carta que ya ha mostrado pero que todavía no ha arrojado sobre el tapete. El Gobierno gallego se reserva otro recurso ante el Constitucional contra el FROB, el fondo que anima las fusiones y que concede al Banco de España la decisión de aprobar estos procesos, competencia que por Estatuto debería ejercer en exclusiva la Xunta. Los gobiernos gallego y central pueden dirimir sus diferencias en los tribunales, pero una salida pactada, un acuerdo político, permitiría deshacer con más facilidad una madeja que, como dijo el gobernador del Banco de España, ya no puede esperar mucho más.
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