
El asunto, según el Ministerio, se resume así: es el Gobierno el que tiene que retirar los lodos, pero es la Xunta la que tiene que tratarlos después. No deja de ser sorprendente. Desde hace años los mariscadores y colectivos vecinales del entorno de la ría vienen denunciando una situación que debería sonrojar a cualquier responsable político con competencias en la materia, ya sea de retirada o tratamiento. Por eso, en este caso, ni Ayuntamientos, ni Xunta ni Gobierno pueden sacar pecho. No podrán hacerlo mientras la ría no vuelva a ser el foco de riqueza que un día fue.
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