16 de agosto de 2011
¿Millán Astray hijo predilecto de A Coruña?
La semana arranca con polémica, con la decisión del Gobierno local de A Coruña de acatar la sentencia que obliga a devolver a Millán Astray el título de hijo predilecto de la ciudad, a pesar de que tenía la opción de recurrir ante el Tribunal Superior. El Gobierno local entiende que el recurso no prosperaría, mientras que la oposición censura que el PP asuma sin más una resolución judicial que restituye una de las máximas distinciones de la ciudad al que fue fundador de la Legión, participó en el golpe contra la Segunda República y formó parte del aparato de la dictadura como jefe de prensa y propaganda. La resolución judicial se basa en que en este caso no se puede aplicar la Ley de la Memoria Histórica porque el reconocimiento a Millán Astray es de 1922, es decir, antes de la Guerra Civil. Pero más allá de cuestiones estrictamente jurídicas, el Gobierno local estaba llamado a defender una decisión adoptada, en el ámbito de sus competencias, por el pleno del Ayuntamiento de A Coruña. En lugar de hacerlo, acepta la resolución a la primera. La segunda conclusión es de mayor calado. El Gobierno local dice que no presenta recurso porque no prosperaría, pero no estaría de más que el PP dijese de una vez si está o no de acuerdo con el reconocimiento a Millán Astray, pregunta a la que sigue sin responder. Porque si es cierto que acata por una cuestión meramente jurídica tiene en su mano despojar de forma definitiva del reconocimiento a un personaje que, en justicia, no lo merece.
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Eso de que no lo merece es opinable. Un chico que a los 17 años se va a luchar a Filipinas, que luego se va a Marruecos en donde pierde un ojo, un brazo y sufre diversas heridas luchando por su país, que crea un cuerpo militar de élite ¿no merece un reconocimiento? A lo mejor lo merecen Monge, Ermitas Valencia o Mar Barcón.
ResponderEliminarBueno, quizas, como dice "La Niña del Exorcista", sea opinable si lo merece o no. Tú has elegido enumerar sus logros -que los hay-, yo voy a optar por hablar de sus sombras, de su participación en el alzamiento contra el gobierno democrático de la segunda república, y en el posterior gobierno ilegítimo nacido del golpe de estado.
ResponderEliminarCreo que estas cuestiones son más que suficientes para retirarle el honor de hijo predilecto, pero es mi opinión, claro.
Menos mal que se puede discutir de forma civilizada sobre estos temas.
ResponderEliminarMaría, me temo que es también opinable que a la altura de julio de 1936 el gobierno de la II República fuese democrático. Dice Payne que se puede acusar de muchas cosas a los militares que se levantaron contra el Frente Popular el 17 de julio de 1936, pero no de destruir la democracia electoral que ya se había destruido antes. Es sabido que el resultado electoral de las elecciones del 16 de febrero fue alterado (favoreciendo a las izquierdas) en doce provincias; que la actuación de la comisión de actas fue bochornosa: aquí en La Coruña de los 17 diputados que se elegían, las actas fueron manipuladas con tal descaro que la derecha iba a sacar doce escaños y la izquierda cinco. Le dieron la vuelta al resultado.
De la destrucción de la democracia electoral, también aquí en Galicia tenemos otro ejemplo con el famoso Santo Pucherazo del 36 para el plebiscito estatutario cuyos resultados, increíbles, dejan bien claro que la democracia electoral, la base de la democracia, seguía sin existir a la altura de junio.
Por lo que atañe al posterior gobierno "ilegítimo", entiendo que no se debe confundir el deseo, que respeto, con la realidad. De cualquier movimiento revolucionario triunfante surge legitimidad. A no ser que a posteriori se produzca una ruptura, caso que aquí no se produjo durante la transición porque lo que tuvimos fue reforma política. Por lo tanto se aceptó la legitimidad anterior. Gustará o no pero la legitimidad en la que vivimos es la surgida tras la guerra. La casa de Casares Quiroga se incautó y vendió en pública subasta durante el franquismo y no se devolvió a su nieta, sino que tuvo que adquirirla el Ayuntamiento al comprador (o a un segundo comprador) y los descendientes, insisto, no tienen ningún derecho sobre esa casa, sobre su biblioteca, algún mueble, o su archivo personal. Los casas de los sindicatos incautadas, por ejemplo la de las cigarreras, siguen siendo propiedades el Estado que usufructúan los sindicatos.
No puedo estar menos de acuerdo con tu argumento: un alzamiento no legitima al gobierno, y el deterioro de una democracia no legitima un alzamiento. Sí legitima movimientos civiles, la exigencia de repetir los comicios, o la destitución del gobierno en pleno, pero un alzamiento supone negar al pueblo su derecho a elegir, puesto que sólo aquellos que participen del lado ganador tendrán derechos, y los del lado perdedor no podrán optar a una nueva oportunidad si no es por la fuerza, lo que nos devolvería a la edad media.
ResponderEliminarYo creo que mi argumento es factual: sólo digo que de todo proceso revolucionario triunfante surge legitimidad y puse dos ejemplos que en mi opinión demuestran que no sólo surgió, sino que vivimos bajo aquella legitimidad jurídica porque nuestra democracia durante el proceso de transición no realizó una ruptura sino una mera reforma política. Ambos bandos habían cometidos crímenes y se perdonaron, con el consiguiente beneficio tanto para los alzados, como para los que se encontraban en el exilio y sobre los que pesaban delitos de sangre. Además, se dieron pensiones a huérfanos y viudas; se dio la posibilidad de reingresar en la administración a los depurados (se les pagaron atrasos) y el proceso satisfizo y hasta los enorgulleció poniéndolo como ejemplo de transición.
ResponderEliminarLo demás de nuestros días, que el Ministerio de Justicia envíe una carta a los descendientes de las víctimas para pedirles perdón, cambiar los nombres de las calles sin que la ley establezca un plazo máximo para hacerlo, son un mero brindis al sol, una mera apariencia que no puede revertir lo que la transición hizo irreversible. La familia de Miguel Hernández pidió que se anulara el juicio que lo llevó a prisión y en la que falleció. Se le contestó que el juicio ya estaba anulado por la ley de la memoria histórica, con el consiguiente enfado de la familia porque esta anulación, como lo demás de la ley de memoria histórica, es solo aparente, sin auténtica trascendencia jurídica. Cuando en España se anula un juicio y su sentencia, los efectos jurídicos tienen otro alcance, económico por ejemplo.
Zapatero tuvo la mala costumbre por diversos motivos, entre otros "hacer tensión" para implicar a la sociedad en política buscando confrontación en la calle (con resultados como que la "clase" política sea el segundo o tercer problema del país), de pretender llevar adelante una reforma constitucional por la puerta de atrás, realizando maniobras jurídicas sin pasar por los mecanismos de modificación previstos en el texto constitucional. Lo hizo con el estatuto de Cataluña y se llevó un varapalo del Constitucional. Lo pretendió Garzón y está suspendido. Lo intentó con el pacto que se dio en la transición para no mirar atrás y sólo pudo conseguir reversiones aparentes, ninguna que yo recuerde con efectos jurídicos reales. En este sentido, se puede retirar el título a Millán Astray, sin duda, pero ya vemos que no es aplicable aquí la ley de memoria histórica, y en mi opinión es forzar, una vez más con apariencias, el texto constitucional que no se deja modificar en lo que tiene trascendencia jurídica, como puede ser la devolución de los bienes incautados en los juicios militares o por tribunales de responsabilidades políticas; como tampoco se deja modificar en lo que a auténtica anulación de aquellos juicios y sus sentencias se refiere.
Siempre LA NIÑA DEL EXORCISTA con sus dispsarates,PERO SIEMPRE LE SALE EL TIRO POR LA CULATA. Yo lo pienso como rocambolesco y siempre mean.. fuera del tarro.Ludovico Alcobendas
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