La huelga de los funcionarios, de los empleados públicos en general, tenía el claro objetivo de mostrar el enfado de este sector ante las medidas aprobadas por el Gobierno, no sólo por esa rebaja salarial del cinco por ciento, sino también por esa sensación extendida de que no a todos les toca apretarse el cinturón.
La movilización pretendía además lanzar un claro mensaje al Gobierno sobre próximas medidas, especialmente ante el anuncio de que en ocho días habrá reforma laboral, con o sin acuerdo. Pero hay un tercer elemento que tampoco se les escapa a los sindicatos. La huelga en el sector público pretendía ser además el termómetro sobre la respuesta que tendría un paro general, una medida extrema de la que las centrales sólo echan mano en ocasiones extremas. Hoy hemos escuchado de algún dirigente sindical que el seguimiento ha sido irregular. Y ese tipo de expresiones en portavoces que suelen hablar de seguimientos masivos son un ejemplo de que las cosas no han salido exactamente como esperaban los sindicatos.
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